En esta última década Latinoamérica ha visto el resurgimiento de líderes que evangelizan al Socialismo como el único sistema que brinda reconocimiento, protección y cuido a su pueblo. Contradictoriamente a la par de discursos de amor y paternalismo también surgen discursos con odio y rencor a las clases productivas, culpan de los males del país a potencias extranjeras y aclaman la supremacía del colectivo sobre el individuo. Lamentablemente el ciudadano es atraído por este discurso abandonado su mente, su racionalidad, realizando un hara-kiri intelectual para subordinarse a una ideología colectivista, convirtiéndose en un individuo teledirigido, guiado por los caprichos místicos del líder. ¿Resultados? Gobiernos como Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, entre otros, han violado sistemáticamente sus propias constituciones, expropiado empresas, cerrado medios de comunicación, encarcelado disidentes y promulgado leyes inconstitucionales, todo esto bajo el voto aprobatorio de la mayoría de los habitantes.

La democracia parece ser la forma de gobierno más acorde para una sociedad, pero al enfrentarlo a una realidad donde el mismo pueblo apoya conductas demagógicas y lacerantes de los derechos del ciudadano, la democracia se convierte en un instrumento salvaje, un monstruo con carta abierta para la instauración de una dictadura legítimamente democrática. ¿Cómo evitar que este virus colectivo infecte al resto de Latinoamérica?

Una sociedad debe entender de forma clara y absoluta que la base para la libertad y prosperidad de una nación solo se puede lograr si todos sus ciudadanos aceptan como principio fundamental los derechos del individuo. Se debe entender a un individuo como una entidad independiente y soberana, que posee un derecho inalienable a su propia vida, donde un grupo, como tal, no tiene ningún derecho sino los derechos individuales de sus miembros.

Dado que una democracia es un sistema de soberanía ilimitada para la mayoría del pueblo, la base filosófica impregnada en la constitución puede ser el salvavidas para el individuo o el cómplice para el colectivo. La norma rectora de las leyes debe ser basada en la protección del individuo, puesto que la función política del derecho es, precisamente la de protegerlo de toda opresión ejercida por un grupo, de esta forma un colectivo religioso, gubernamental, étnico, rico, pobre, empresarial o político, no podrá ejercer la fuerza legal sobre una persona o individuo.

El sistema americano es una república limitada constitucionalmente, restringida a la protección de los derechos individuales. En tal sistema, la soberanía de la mayoría se aplica sólo a detalles menores, como la selección de determinadas personas. Pero la mayoría no tiene qué decir sobre los principios básicos que gobiernan el gobierno. Los derechos del ciudadano jamás pueden estar sujetos a votación pública; una mayoría no tiene el derecho de eliminar por votación los derechos de una minoría.

Una constitución realmente objetiva permitirá a un ciudadano particular realizar toda acción que desee, siempre y cuando, no viole los derechos de los demás individuos. Mientras que un funcionario público laborara de forma restringida por la ley en todos y cada uno de sus actos oficiales. En otras palabras, un individuo puede hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido; un funcionario público no podrá hacer nada excepto aquello que está legalmente permitido.

De esta forma se subordina la fuerza al derecho, es decir, un gobierno de leyes y no de hombres.